Condenado un profesor por pedir sexo a cambio de un aprobado

 

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a un año de cárcel y seis meses de inhabilitación a un profesor universitario por una falta de vejaciones injustas y un delito de abuso de funcionario en el ejercicio de su función.
Tras suspender la última convocatoria del examen, la denunciante acudió al departamento de la Universidad para exponer su situación académica y evitar tener que trasladarse a otro centro. En consecuencia, en un principio el acusado la convocó en su despacho pero posteriormente canceló esa reunión para convocarla de nuevo en su domicilio.
Ante la inusual situación, la estudiante acudió acompañada de familiares que esperaron fuera mientras se llevaba a cabo el encuentro. En el cual, según declara la sentencia, «tras una breve conversación sobre su futuro profesional, el acusado le dijo que si quería aprobar tendría que hacer algo [...], tenía que darle sexo», por lo que «ella se levantó inmediatamente diciéndole que se estaba equivocando, y él la sujetó del brazo, le levantó la camiseta y comenzó a tocarle de cintura para arriba preguntándole si llevaba micrófonos» de manera que ella empezó a gritar.
El intento cejó cuando la hermana de la víctima que permanecía en las escaleras, empezó a golpear la puerta, dejando el acusado que se marchara. Tras el suceso, la denunciante tuvo que ser atendida en urgencias por un síndrome de ansiedad reactiva.
Por su parte, el condenado, funcionario de la Junta y profesor de Magisterio en la Universidad de Málaga ha negado su participación en los hechos, sin embargo la Sala ha considerado la versión de la estudiante como «sincera, coherente y verosímil» quien además, acudió al decano de la Universidad para que anulara el aprobado que el profesor le puso después de que saliera de la vivienda.
El tribunal, ha considerado «indemnizables los daños morales que la actuación del acusado ha causado a la denunciante, habida cuenta de la reprobable acción del acusado» por lo que deberá pagarle 2.000 €, y añade «al igual que a cualquier otro ciudadano, en este caso, por su condición de funcionario público y profesor universitario, le es exigible un mayor, adecuado y honesto comportamiento profesional y con los alumnos, máxime tratándose de un profesor de psicología que imparte su materia en la Facultad de Ciencias de la Educación».

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