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Los funcionarios pusieron en duda las capacidades del padre de un niño víctima de 'bullying' ante sus superiores de la Guardia Civil
EL CASO
Acoso escolar. La Consejería de Educación nunca lo ha reconocido, pese a los informes psicológicos aportados por el padre.
Denuncia. El padre del niño supuesta víctima de 'bullying' denunció a los inspectores que pusieron en duda su capacidad como guardia civil ante sus superiores por presunta revelación de secretos e información confidencial.
El padre de un niño supuesta víctima de 'bullying' (acoso escolar) en el instituto Tomás Mingot de Logroño que nunca ha reconocido la Consejería de Educación, ha presentado una denuncia contra el inspector jefe y contra otra inspectora educativa por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Según la demanda, los funcionarios, tras hacer caso omiso de la situación escolar del menor así como de los informes psicológicos externos aportados por los progenitores (incluso partes de urgencias), se pusieron en contacto con los superiores del padre para conocer el destino y la unidad en la que desempeñaba su labor como guardia civil.
Los inspectores mantuvieron una reunión personal con uno de los jefes del denunciante en la que, según detalla la demanda, «revelaron la situación en que se encontraba su hijo» e informaron a su superior de que la comunidad educativa negaba la existencia del acoso y que, como el padre no estaba de acuerdo con dicha negativa, «se sentían amenazados e intimidados dada su calidad de guardia civil, por el hecho de que trabajase con un arma y ante el temor de que pudiera usarla en el centro escolar». Los jefes del padre del chico, alertados por los temores de los inspectores, pusieron en marcha el protocolo habitual en estos casos, consistente en un examen psicológico del agente de la Guardia Civil, prueba que superó hasta quedar demostrado que «el denunciante no padece ningún tipo de trastorno agresivo que le impida ejercer sus funciones como consecuencia de los problemas que desafortunadamente sufre toda la familia a raíz de la situación del menor», detalla la denuncia.
Así las cosas, el padre del niño considera que la actuación de los inspectores, además de cuestionar su profesionalidad como miembro de la Guardia Civil, «ha aireado de mala manera la vida familiar en su ambiente profesional obligándole a dar explicaciones dentro de su círculo profesional». En este sentido, la demanda argumenta que «los inspectores, fuera de los casos permitidos por la ley, accedieron a los datos del menor para conocer la profesión del denunciante con el fin de acudir a su centro de trabajo y revelar información confidencial sobre la situación padecida por el alumno en el centro escolar». «Los hechos cometidos por los denunciados -continúa- han causado un grave perjuicio a la intimidad personal y a la propia imagen del denunciante, a su hijo menor y al resto de su familia, que ha visto cómo se ha difundido sin su consentimiento información relativa a su familia, poniéndose además en entredicho la capacidad del denunciante para ejercer su profesión, y todo ello por personas que, además de ser absolutamente ajenas tanto al círculo profesional como profesional del denunciante, han de guardar el correspondiente deber de sigilo con respecto a los datos personales y familiares que conozcan en el ejercicio de sus funciones». Por todo lo expuesto, la demanda considera que tales hechos «pudieran ser constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos previsto en el artículo 198 del Código Penal».
La Consejería de Educación, a petición de este diario, eludió hacer declaraciones sobre el tema
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