Condenadas siete chicas por hacer bullying a una compañera de clase

 

La víctima, de 13 años, sufrió durante un curso y medio toda clase de insultos, agresiones e incluso amenazas de muerte, hasta el punto de que llegó a intentar suicidarse

Àngel Juanpere

Siete jóvenes –que actualmente tienen entre 16 y 18 años– han sido condenadas por hacer bullying a una compañera de colegio, hechos ocurridos durante el curso escolar 2012-2013 y parte del 2014, según la sentencia emitida por el Juzgado de Menores de Tarragona. Este caso –que el propio magistrado considera como muy grave– es de los pocos que llegan a juicio. La mayoría se resuelve con la mediación dentro del propio centro escolar o bien en la Fiscalía de Menores.

La sentencia de las siete procesadas considera probado que actuaron de común acuerdo y con evidente ánimo de menospreciar, humillar y menoscabar la integridad moral de (...), de 13 años». Para ello, durante el curso 2012-2013 y también parte del 2014 vinieron acosando a la víctima de forma habitual con expresiones como «gorda», «ano», «desgraciada», «superdotada», siempre en tono despectivo. También amenazaron con matarla, tanto a ella como a su madre.

Mensaje en la pizarra

El 14 de octubre de 2014, una de las acusadas escribió en la pizarra del aula la palabra «ano». Como ello molestó a la víctima, la agresora le tiró del cabello, la cogió del cuello y la empujó, cayendo al suelo y causándole una contractura cervical. En otra ocasión, hallándose otra acusada en el polideportivo, le propinó una bofetada a la víctima, que sufre epilepsia desde los diez años.

Para el magistrado, el trato denigrante físico y psicológico ejercido por las acusadas «ha ido menoscabando su integridad psicológica y moral hasta el punto de agravar el estado de salud de la víctima, presentando una sintomatología ansioso-depresiva y gesto autolítico, precisando su ingreso en el hospital por su grave repercusión emocional, presentando tristeza, irritabilidad, ira, miedo, apatía, bulimia, aislamiento y absentismo escolar», entre otras patologías. Dicha situación persiste en la actualidad, subraya el magistrado, «siendo diagnosticado todo ello como trastorno de estrés post-traumático» por el hospital en fecha 15 de enero de 2014.

Según la estimación del médico forense en su informe del 20 de mayo del año pasado, el tiempo de curación o estabilización del mencionado trastorno es de 167 días. Por otro lado, señala la sentencia, el 8 de mayo de 2014, al tener conocimiento de la denuncia interpuesta por la víctima, una de las acusadas la amenazó con colgarla de un balcón y matarla. De las siete acusadas, sólo una sigue en el mismo instituto, mientras que las otras estudian algún ciclo formativo.

La pena del fiscal

La fiscal solicitó para las siete acusadas la medida de ocho fines de semana de permanencia en sus respectivos domicilios. Las acusaba de un delito contra la integridad moral. A una de ellas, también de obstrucción a la justicia. Además, se solicitaba el pago de una indemnización de 5.010 euros. En cambio, la defensa solicitaba la absolución.

El caso llegó a juicio porque durante la instrucción en la Fiscalía la mediación no dio sus frutos. Las acusadas siempre han negado que sometieran a la víctima a bullying; aseguraban que fueron hechos puntuales.

Las declaraciones tanto de la víctima como de su madre fueron persistentes a lo largo de la instrucción y también el día del juicio. La mujer declaró que algunas de las acusadas, cuando se cruzaban, también se metían con ella. Además, declaró que su hija le iba explicando todo lo que le iban haciendo las procesadas.

Para el titular del Juzgado de Menores de Tarragona, los testimonios que declararon en el juicio «son prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que ampara a las menores». Explica que los testigos depusieron «con claridad y evidencia» los hechos relatados, sin que conste la existencia de ninguna relación previa entre ellos y las menores que permita dudar de su credibilidad. Las víctimas no sólo ratificaron en el juicio la denuncia, sino que expusieron un relato de hechos uniforme y sin fisuras.

La reiteración de conductas degradantes para la víctima y que le han causado padecimientos fue expuesta por ella misma, recuerda el magistrado. La adolescente enumeró los diferentes insultos y vejaciones de las que era objeto desde el año 2013 por parte de todas las acusadas, entre otras «gorda», «foca», la amenazaban a ella y a su madre, pues estos insultos y amenazas se producían también fuera del instituto. Asimismo, la madre de la víctima manifestó que esta situación se daba desde junio de 2013, habiendo cesado después de la denuncia. La conducta de todas las menores acusadas, según dijo expresamente respondiendo a las preguntas que se le formularon, consistía en que continuamente se reían de su hija, la miraban y sonreían, la increpaban, la insultaban y hasta le pegaron en una ocasión. Afirmó que esto lo sabía porque se lo contaba su hija y porque ella misma lo presenció, además de sufrir esa situación en persona, pues también con ella se metían. Su hija tuvo necesidad de tratamiento médico como consecuencia de ese acoso, incluso el ingreso psiquiátrico durante un tiempo, pues le bajó la autoestima, estaba insegura y tenía miedo, hasta el punto de intentos autolíticos como se desprende de los informes médicos.

Durante el juicio declaró el profesor –y secretario del centro educativo– que daba clases a la víctima. Aseguró que la vio entristecida y llorando. Esta alumna dejó de asistir a clase por la presión que sufría, siendo conocedor este profesor de que había problemas dentro y fuera del instituto porque era miembro del equipo directivo del centro. Otro miembro del equipo declaró que sabía que hubo insultos y cosas en octubre de 2013 y que el tema se trató con los profesores y tutores. Llamaron a las niñas y a los padres para poner remedio a la situación, pues era prolongada en el tiempo. Asimismo, dicho profesor reconoce que la víctima faltó a clase por cuestión de salud.

Poca pena

En la sentencia, el magistrado acepta la medida –pena, en el caso de adultos– que había solicitado el fiscal. Sin embargo, considera que la medida impuesta es muy corta en relación al delito cometido, que exige maldad de corazón de la persona que lo comete «y carencia de empatía y que es necesario, por tanto, una intervención educativa mucho mayor. La gravedad del delito así lo exige y máxime teniendo en cuenta que la presión que ejercieron las menores enjuiciadas sobre la víctima fue muy potente, hasta el punto de llevarla a un intento de suicidio». Para este tipo de delito, la pena máxima sería de internamiento de dos años en régimen semiabierto, que implica poder aprovecharse de algunos recursos, como salir al exterior del centro con acompañamiento.

Además de quedarse en casa, las menores condenadas tienen la obligación de realizar tareas educativas, las que les encarguen los educadores, como por ejemplo un trabajo sobre la empatía o el sufrimiento.

Hablar con los padres

Para el magistrado que está al frente del Juzgado de Menores de Tarragona –con ámbito provincial–, Jesús María del Cacho, lo principal en el caso de acoso escolar es que las víctimas puedan hablar con sus padres y, en el caso de no ser posible, con otras personas adultas con las que tengan muy buena relación. Le servirá de autoayuda y para subir la autoestima. «Lo que no puede hacer el joven o adolescente es responder de la misma manera. Tiene que confiar en los adultos y saber que estos pondrán de su parte para solucionar el problema», asegura el juez.

Sea quien sea el adulto, tiene que poner el caso en conocimiento del profesorado para que lo resuelvan, haciendo uso de los mediadores escolares que todo colegio tiene que tener –puede ser un psicólogo o bien un profesor preparado–. Del Cacho tiene constancia de que la figura de este mediador funciona mucho mejor en los centros públicos que en los privados o concertados. Estos últimos suelen intentar camuflar o enmascarar el problema para que no salpique la reputación del colegio. Finalmente, si la situación no se resuelve en el colegio, la víctima tiene que denunciar ante la Fiscalía.

Fuente:

http://www.diaridetarragona.com/